El 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano, presionado por Moscú, suspendió la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Este hecho, provocó la indignación de la población ucraniana pro-europea, y nacionalista, y, a partir de entonces, miles de manifestantes se congregaron en la Plaza Maidán, de Kiev, para protestar diariamente contra el gobierno. Con el paso de los meses, las protestas se fueron radicalizando, y extendiendo por el país, y acabaron provocando que el presidente Víktor Yanukóvich decidiese abandonar Ucrania, el 22 de febrero de 2014. Tras esto, el parlamento tomó el control del país y estableció un gobierno de transición, de corte nacionalista. Este importante cambio político alejaba a Ucrania de la órbita de influencia rusa, lo que, a su vez, provocó una inmediata reacción del Kremlin, que decidió ocupar militarmente la península de Crimea, y enviar asesores militares a la región del Donbás, en dónde una parte de la población pro-rusa decidió rebelarse contra el nuevo gobierno, ante el temor de verse marginada por los nacionalistas ucranianos. Esta rebelión secesionista acabó derivando en una sangrienta guerra civil en el Donbás que perduró hasta 2022, momento en el que Rusia decidió invadir Ucrania, iniciando la mayor guerra que ha visto Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945).
1 – Origen del conflicto: del final de la URSS al Euromaidán.
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Ucrania había quedado devastada, tanto por la ocupación nazi, como por el hecho de haber sido el escenario en el que se libraron algunas de las principales batallas entre alemanes y soviéticos, especialmente en torno a la ciudad de Járkov (Kharkov). A los más de cinco millones de habitantes que el país perdió durante el sangriento conflicto, se sumaron cientos de miles más durante la inmediata postguerra, a causa de las hambrunas, y de las muertes, y deportaciones, que generó la dura represión soviética contra los nacionalistas ucranianos. Todo esto provocó que la URSS tuviese que hacer un ingente esfuerzo económico para reconstruir el país. Esfuerzo que dio sus frutos, ya que a comienzos de la década de los 50 el país ya había recuperado buena parte de su capacidad industrial, y que se incrementó con la llegada al poder, como dirigente supremo de la URSS, de Nikita Jrushchov (Khrushchev) (1894-1971), en 1953.
A partir de entonces, Ucrania se convirtió en una de las repúblicas soviéticas más prósperas, sumando a su gran producción cerealística, que desde hacía siglos le había granjeado el nombre de “granero de Europa”, una enorme capacidad industrial, con la instalación, en Járkov, de una de las principales sedes soviéticas de investigación científica, y de diseño, y fabricación, de armamento. Cabe destacar, además, que, en febrero de 1954, Jrushchov decidió transferir la histórica región rusa de Crimea (desde 1783) a Ucrania, por motivos de proximidad geográfica, y por los estrechos lazos económicos entre ambas regiones. Una polémica decisión que ha derivado en un importante contencioso territorial entre Ucrania y Rusia.
Casi cuatro décadas después, y a raíz de la progresiva desintegración de la Unión Soviética, durante el gobierno de Mijaíl Gorbachov, Ucrania se proclamó como un estado soberano el 16 de julio de 1990. Al año siguiente, el parlamento ucraniano ratificó dicha condición mediante la aprobación, el 24 de agosto de 1991, del Acta de Proclamación de la Independencia de Ucrania. A partir de entonces, Ucrania pasó a ser un estado independiente, y democrático, aunque, por otro lado, continuó manteniendo estrechos lazos con Rusia y, por ello, decidió integrarse, de facto, en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), un nuevo espacio de cooperación, política y económica, creado el 8 de diciembre de 1991, y que originalmente, englobaba a once de las quince ex repúblicas soviéticas (solo quedaron excluidas Georgia, que se unió en 1993, y las repúblicas bálticas: Estonia, Letonia, y Lituania).
Otra muestra más de estas buenas relaciones entre Ucrania y Rusia, fue la decisión del primer presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, de adherirse, el 5 de diciembre de 1994, al Tratado de no Proliferación Nuclear, mediante el que se comprometía a entregar, a Rusia, para su desmantelamiento, las armas nucleares soviéticas que había heredado Ucrania (5.000 bombas nucleares y 176 misiles balísticos). De esta forma, y a cambio de que el resto de firmantes: la Federación Rusa, EE. UU., y Gran Bretaña, se comprometiesen a respetar la integridad territorial de Ucrania, su independencia política, y, también, de recibir importantes ayudas financieras, Ucrania dejó de ser una potencia nuclear. Una decisión sensata en su momento, por el riesgo de que sus cabezas nucleares acabasen en el mercado negro, o en países con vínculos terroristas, pero que, a la larga, también acabó con la principal herramienta de disuasión que Ucrania podría emplear frente a las ambiciones de Rusia.
Por otro lado, y en párelo a la transición del país hacia la democracia, la economía planificada ucraniana comenzó su propia transición hacia una economía de mercado, aunque, en este caso, y al igual que sucedió en el resto de repúblicas ex soviéticas, fue una transición traumática. Fruto de esto, entre 1991 y 1999, Ucrania sufrió una enorme desaceleración económica, que, acompañada de una gravísima inflación, acabó provocando una drástica reducción del PIB del país, y una merma en las condiciones de vida de sus habitantes. Esta situación de inflación, desempleo en alza, y aumento del crimen organizado, y de la corrupción, perduró hasta la llegada del siglo XXI, momento en el que el país recuperó la senda del crecimiento económico, a causa, principalmente, de un fuerte incremento en sus exportaciones de productos agrícolas, de metales, y de materias primas energéticas: petróleo, y gas natural. Gracias a esto, en la década 2000-2010, la economía de Ucrania creció un 47,1%, y su PIB pasó de 32.331 millones de dólares a 121.552 millones.
En este contexto de crecimiento económico, cobró especial relevancia el papel de Ucrania como intermediario esencial para el tránsito del gas natural, producido en Rusia, hasta los países del este de Europa. Un suculento negocio que permitió a varios empresarios ucranianos, dedicados a ello, amasar ingentes fortunas y convertirse en auténticos oligarcas, con una gran influencia en el país. A raíz de todo esto, y de la aparición de nuevas elites económicas y financieras, comenzaron a surgir movimientos políticos que buscaban estrechar los lazos de Ucrania con Europa, y EE. UU., y que consideraban que, junto con las mejoras económicas, el país debía democratizarse más, y librarse de la corrupción “post-soviética” que dominaba la política y la vida pública en el país.
Un buen exponente de dicha corrupción fue el presidente Leonid Kuchma, que sucedió a Leonid Kravchuk y que gobernó el país, durante dos mandatos (de cinco años), desde 1994 hasta 2004. Durante este periodo, el gobierno de Kuchma se caracterizó por su ambivalencia, ya que por un lado trató de acercarse a Occidente, y propuso, en 2002, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y la posibilidad de que su país pudiera entrar en la OTAN, y, por otro lado, estrechó de nuevo lazos con la vecina Rusia, con la que firmó un tratado de amistad y cooperación. Por otro lado, en política interior Kuchma protagonizó varios escándalos, estando implicado en la venta ilegal de armamento a Sadam Hussein, y en el asesinato del periodista Georgiy Gongadze, en el año 2000. Escándalos que no le pasaron factura, ni siquiera tras su salida de la presidencia en 2004. Una buena muestra de cómo funcionaba el país.
El sucesor de Kuchma, tras las elecciones de 2004, fue Víktor Yanukóvich, antiguo gobernador de la provincia de Donetsk, y primer ministro del país entre 2002 y 2004. Sin embargo, su principal contrincante Víktor Yúshchenko, un experto en finanzas que era, además, firme partidario de la entrada de Ucrania en la UE y en la OTAN, acusó a Yanukóvich de fraude electoral, provocando una oleada de protestas, conocida como la Revolución Naranja, que se saldó con la repetición de las elecciones presidenciales, bajo la supervisión de observadores internacionales. De esta forma, Yúshchenko (que en el intervalo electoral tuvo que ser que ser tratado en un hospital de Londres a causa de sufrir un envenenamiento mediante la ingesta de una dioxina), acabó ganando las elecciones, aunque por un estrecho margen. Sin embargo, el gobierno de Yúshchenko, que en un principio había propugnado un acercamiento a Occidente, para oponerse a Rusia, acabó siendo sumamente decepcionante. Tan solo un año después de su victoria, en 2005, se libró de su principal aliada política; la empresaria Yulia Timoshenko, a la que destituyó de su cargo de primera ministra e, insólitamente, comenzó un acercamiento con su anterior rival; Yanukóvich, y con Rusia. Estos vaivenes políticos le pasaron factura y, en las elecciones parlamentarias de 2007, Timoshenko obtuvo la mayoría, recuperando su cargo en el gobierno, hasta las elecciones presidenciales de 2010.
El vencedor de dichas elecciones de 2010 fue, de nuevo, Víktor Yanukóvich, pese a las acusaciones de fraude en su contra. Un año después, su principal contrincante, Yulia Timoshenko, fue acusada de corrupción, por firmar un contrato de suministro de gas, con Rusia, poco favorable para Ucrania, y acabó siendo encarcelada. Comenzaba así un nuevo periodo de gobierno en el que Yanukóvich se comprometió a promover la entrada de Ucrania en la UE, a resolver el problema del uso del puerto de Sebastopol, por parte de la Flota Rusa del Mar Negro, y a emprender reformas sociales, aumentando los salarios, y las pensiones, de los ciudadanos. Como primer paso, para cumplir con estos objetivos, el 30 de marzo de 2012, Yanukóvich firmó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Sin embargo, dicho tratado no llegó a ser ratificado por los dirigentes europeos, que exigieron, como condición para ello, la liberación de Yulia Timoshenko por motivos humanitarios (la líder política había emprendido una huelga de hambre en prisión).
Finalmente, un año después, la propia Timoshenko solicitó a las autoridades europeas que no se emplease su situación para lastrar la firma del Acuerdo de Asociación con la UE. Tras esto, la Rada Suprema (el parlamento de Ucrania) continuó con los preparativos legislativos para que la firma del tratado fuese posible. Sin embargo, inesperadamente, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano suspendió la firma del Acuerdo de Asociación. La razón ofrecida para esta súbita decisión fue que, en los meses previos, la producción industrial del país había disminuido mucho a causa de una menor demanda por parte de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Es decir: ante la prevista firma del acuerdo de Ucrania con la UE, Rusia, y el resto de socios de la CEI, habían reaccionado con el freno a la importación de bienes comerciales procedentes de Ucrania.
Cabe destacar que, hasta entonces, Ucrania había sabido mantener un acertado equilibrio entre su progresivo acercamiento a la Unión Europea, y la preservación de sus tradicionales vínculos, económicos, y políticos, con Rusia. Sin embargo, la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, obligaba al país a elegir entre sus dos socios. Una decisión difícil, ya que, aunque beneficiaba a las exportaciones de las regiones agrícolas del oeste del país, y a las empresas que suministraban gas a Europa, por otro lado, perjudicaba a las regiones siderúrgicas, y mineras, del este de Ucrania, que veían interrumpidas sus exportaciones a la CEI. Esta última circunstancia probablemente fue la que más influyó en la decisión del presidente Yanukóvich de no ratificar el tratado con la UE, ya que, al fin y al cabo, él mismo procedía del oblast (provincia) de Donetsk, y tenía buena parte de sus apoyos electorales en el este del país.
La decisión del gobierno ucraniano, de no firmar el acuerdo con la UE, provocó una gran decepción en la población del oeste de Ucrania, más cercana a los valores de Occidente. Yanukóvich fue acusado de plegarse ante la presión ejercida por el presidente ruso, Vladimir Putin, y miles de manifestantes se congregaron, de forma pacífica, para protestar contra el gobierno en la Plaza de la Independencia (Maidán Nezalézhnosti) de Kiev. Yanukóvich trató de desarticular la protesta con la promesa de firmar el acuerdo con la Unión Europea en un futuro, cuando el país estuviese preparado para ello. Sin embargo, los manifestantes, respaldados por los principales partidos de la oposición, no creyeron sus palabras, y exigieron la firma del acuerdo con la UE, y la dimisión del presidente. Ante esta situación, Yanukóvich optó por sofocar las protestas mediante la fuerza.
El 30 de noviembre de 2013, la unidad de fuerzas especiales de la policía, conocida como Berkut (águila real), el equivalente al OMON ruso, logró desalojar la plaza mediante el uso de gases lacrimógenos, y de una violencia desmedida, contra sus ocupantes. El enfrentamiento se saldó con 79 heridos, 7 de ellos policías. Pese a la violencia policial, al día siguiente, 1 de diciembre, más de 100.000 manifestantes volvieron a ocupar la plaza Maidán y, además, otros grupos de manifestantes ocuparon la plaza Europea, la sede municipal de Kiev, la sede sindical (Budynok Profspilok), y la calle Bankova, en la que estaba situado el edificio de Administración Presidencial (actualmente Oficina del Presidente). En ésta última zona, un grupo de 300 manifestantes incontrolados, que eran miembros de la organización ultranacionalista Bratstvo (hermandad), trataron de entrar a la fuerza en el edificio presidencial, empleando cocktails molotov contra la policía, e incluso un bulldozer para derribar las vallas, aunque finalmente fueron rechazados por los antidisturbios del Berkut.
Pese a esta radicalización de las protestas, atribuida a la participación en las mismas de grupos ultranacionalistas, como el mencionado Bratstvo, o el partido Práviy Séctor (Sector Derecho), la mayoría de manifestantes continuó comportándose de forma pacífica, y adoptando medidas de desobediencia civil, y llamamientos a la huelga, para exigir la dimisión de Yanukóvich y su gobierno. Además, hay que destacar que, desde sus inicios, el movimiento de protesta, denominado Revolución de la Dignidad (aunque, internacionalmente, fue más conocido como Euromaidán), contó con el respaldo entusiasta de EE. UU., y de la Unión Europea. Incluso importantes personalidades políticas, como Guido Westerwelle (1961-2016), Ministro de Exteriores, y Vicecanciller de Alemania, o el senador estadounidense John McCain (1936-2018), visitaron la Plaza Maidan de Kiev para mostrar personalmente su respaldo a los manifestantes.
Ante esta situación, el presidente Yanukóvich recibió, por su parte, el apoyo de Vladimir Putin, con el que se reunió, el 17 de diciembre de 2013, para firmar un nuevo acuerdo económico mediante el que Rusia se comprometió al préstamo de 3.000 millones de dólares, mediante la compra de eurobonos ucranianos y a disminuir, un 33%, el precio del gas que suministraba a Ucrania. Sin embargo, este acuerdo, destinado a paliar los problemas del país, no influyó en el ánimo de los manifestantes pro-europeos de la plaza Maidán. Finalmente, Yanukóvich, incapaz de hacer frente a las protestas, optó por incrementar la represión policial contra los manifestantes, e incluso dio un paso más allá, y, el 16 de enero de 2014, promulgó una serie de leyes anti-protesta, que restringían las libertades en el país, y que castigaban, con penas de prisión, las “actividades extremistas” y la difamación del gobierno, en la prensa y redes sociales.
En respuesta a estas medidas dictatoriales, el 19 de enero de 2014, más de 200.000 manifestantes se congregaron en el centro de Kiev, exigiendo la retirada de las mismas y la dimisión del gobierno. Además, uno de los principales lideres activistas, Dmytro Bulatov exigió a los partidos de la oposición unidad de acción y que eligiesen a un único candidato para oponerse a Yanukóvich. Por otro lado, al calor de estas protestas un grupo de unos 10.000 manifestantes violentos se concentró a las afueras del estadio del Dinamo de Kiev, en la Avenida Hrushevskoho, para enfrentarse con la policía, dando lugar a una oleada de violencia, que duró 10 días, y que se saldó con cuatro manifestantes muertos, 70 detenidos, y más de 1.500 heridos.
Un día después, el 20 de febrero de 2014, las protestas fueron de nuevo reprimidas violentamente, llegando a emplearse fuego real, por parte de francotiradores del Berkut, contra los manifestantes, lo que acabó provocando la muerte de más de 20 personas en la Plaza Maidán. Este “jueves negro” acabó provocando que Viktor Yanukovich decidiese pactar, al día siguiente, 21 de febrero, una salida al conflicto con los principales líderes políticos de la oposición: el campeón de boxeo Vitali Klichkó (Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma), el exministro Arseni Yatseniuk (Unión de Todos los Ucranianos “Patria”) y Oleg Tiagnibok (líder del partido de extrema derecha Svoboda o “Libertad”). En dicho acuerdo, supervisado por autoridades internacionales, de Rusia, y de la Unión Europea, Yanukóvich se comprometió a poner fin a la represión, a regresar a la Constitución de 2004, a reducir los poderes presidenciales, a cambiar la ley electoral, y a conformar un gobierno interino de coalición que preparase una nueva convocatoria a elecciones presidenciales en el país.
Tras firmar este acuerdo, considerado como una auténtica claudicación por el presidente Vladimir Putin, Viktor Yanukóvich decidió huir del país, esa misma noche, y refugiarse en Rusia, para escapar de posibles represalias en su contra. Al día siguiente, 22 de febrero de 2014, el parlamento de la Rada Suprema aprobó, por una amplia mayoría, la destitución del presidente por abandono de sus funciones, y tomó las riendas del país, ordenando, además, la liberación de la líder opositora Yulia Timoshenko.
La revolución había triunfado y comenzaba una nueva época para Ucrania, aunque, el precio había sido alto, los disturbios habían provocado un total de 130 muertos (18 de ellos policías) y 750 heridos. Por otro lado, hay que destacar que, aunque las protestas habían sido mayoritarias en Kiev, y en el occidente del país, no habían sido igualmente secundadas en las regiones del este, habitadas por una población mayoritariamente pro-rusa, que se veía excluida del importante cambio político que vivía el país. Es más, el Partido de las Regiones, de Yanukóvich, había llegado a realizar protestas en favor de su líder, y contra la Revolución de la Plaza Maidán, que había obtenido un importante seguimiento en Sebastopol, la mayor ciudad de Crimea, y en las principales ciudades del este del país, como Járkov, Donetsk, y Dnipro (Dnipropetrovsk). Protestas, que fueron secundadas también por el Partido Comunista Ucraniano, que rechazaba el protagonismo que habían alcanzado las organizaciones ultranacionalistas, y de extrema derecha, durante las protestas en Kiev. Además, por otro lado, la propia Rusia no había dicho aún su última palabra, y no estaba dispuesta a perder su tradicional influencia sobre Ucrania.
2 – La Ocupación de Crimea.
Tras la huida del presidente Yanukóvich, el presidente de la cámara del parlamento ucraniano, Alexander Turchínov (mano derecha de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, fue designado, el 23 de febrero de 2014, como presidente interino del país, hasta la convocatoria de nuevas elecciones, que se celebrarían el 25 de mayo. Esta designación fue reconocida inmediatamente por la mayoría de países de Occidente, pero, sin embargo, Rusia se negó a reconocer a Turchínov, ya que consideraba que Yanukóvich había sido víctima de un golpe de estado financiado por Occidente y, además, acusaba al Parlamento Ucraniano de no haber respetado los acuerdos que el presidente saliente había firmado con la oposición, con objeto de crear un gobierno de transición de unidad nacional (en el que participasen todos los partidos políticos). En lugar de eso, el nuevo gobierno estaba compuesto principalmente por los partidos opositores que habían protagonizado el Maidán, y a los que Rusia acusaba de tener una ideología ultranacionalista y marcadamente rusófoba.
Hay que decir que, objetivamente, dichas acusaciones eran en parte verdad, ya que un viceministro, Alexander Sych, y tres ministros del nuevo gobierno: Igor Tenyukh (Defensa), Igor Shvaika (Agricultura), y Andriy Moknyk (Medio Ambiente), eran miembros del partido ultranacionalista Svoboda, que, como mencione en el capítulo previo, tenía una ideología de extrema derecha, etnocentrista (sólo ucranianos étnicos podían ser miembros), y xenófoba, que ya había sido criticada por el Parlamento Europeo en 2012. Y que, además, la rusofobia tampoco era algo nuevo entre los nacionalistas ucranianos, ya que está presente en la mayoría de países del Este de Europa, que, en algún momento de su historia reciente, sufrieron la represión soviética.
En este contexto, es comprensible que la importante minoría de ascendencia rusa que reside en Ucrania, 8.334.141 habitantes, de un total de 41.418.717, tuviese miedo a verse marginada y excluida por el nuevo gobierno, convirtiéndose en ciudadanos de segunda. Miedos que fueron exacerbados desde Rusia, que pretendía con ello desestabilizar al nuevo gobierno, y mantener su influencia en el país vecino, y que, torpemente fueron exacerbados por el Parlamento Ucraniano, al proponer una nueva ley, el 23 de febrero, para abolir la co-oficialidad del idioma ruso en el país. Pese a que el presidente Turchínov se negó a firmar dicha ley que pretendía prohibir el uso oficial del idioma ruso, el daño ya estaba hecho, y las protestas de ciudadanos pro-rusos en el este del país, donde dicho idioma era preponderante, se intensificaron, hasta el punto de buscar una ruptura total con el nuevo gobierno.
En la península de Crimea, habitada mayoritariamente por población de ascendencia rusa (un 60%), y cuyo famoso puerto de Sebastopol servía de base para la Flota del Mar Negro rusa, el malestar reinante contra el nuevo gobierno se tradujo en protestas mayoritarias que acabaron desembocando en un auténtica insurrección contra las autoridades ucranianas. Ante esta situación, el 24 de febrero, el gobernador de la ciudad autónoma de Sebastopol, Volodymyr Yatsuba dimitió de su cargo y fue reemplazado por un ciudadano ruso, Aleksei Chaly, que, tras ser proclamado por la multitud como nuevo alcalde de la ciudad, se negó a someterse a la autoridad del gobierno ucraniano, e incluso invitó a los antiguos miembros de la unidad de policía Berkut (desbandada, el 25 de febrero, por el nuevo gobierno ucraniano), a acudir a Sebastopol para crear un grupo de autodefensa. Al día siguiente, 25 de febrero, una multitud asedió el parlamento o Consejo Supremo de Crimea (Verkhovna Rada), exigiendo que no se reconociese la autoridad del nuevo gobierno ucraniano y la realización de un referéndum para determinar el futuro de la región.
Ante esta situación, el 26 de febrero, el Ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, optó por una política de diálogo y apaciguamiento, y ordenó a sus fuerzas de seguridad no enfrentarse a los pro-rusos, para evitar una escalada mayor del conflicto. Sin embargo, ya era demasiado tarde para una solución gubernamental al problema, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, había decidido aprovechar el descontento reinante para ocupar la región. El 27 de febrero, unos 2.000 soldados “sin identificar” (en realidad eran Spetsnaz, junto con soldados de la 31ª Brigada de la Guardia de Asalto Aéreo rusa, y voluntarios del Berkut), ocuparon los principales edificios públicos de Crimea, incluyendo el parlamento del Consejo Supremo en la capital, Simferopol, e instauraron como gobernante de la región al político ruso Sergey Aksyonov, líder del partido Unidad Rusa. Además, las tropas rusas cortaron el acceso terrestre a Crimea desde Ucrania y, en los siguientes días, se encargaron de obtener el control efectivo de todo el territorio, bloqueando la base naval de Donuzlav, y el resto de bases militares ucranianas en la península. De esta manera, y en tiempo récord, Rusia se había hecho con el control absoluto de Crimea, suscitando el asombro de Occidente, y del propio gobierno ucraniano, que, pese a mantener un contingente de más de 22.000 soldados en sus bases de Crimea, no supo articular una respuesta adecuada ante esta situación.
Una semana después, el 6 de marzo, el Consejo Supremo de Crimea, y el Consejo de la Ciudad de Sebastopol, acordaron conjuntamente la celebración de un referéndum, el 16 de marzo, en el que 1.534.815 ciudadanos de Crimea, y 309.774 de Sebastopol, podrían elegir, con sus votos, el futuro de la región: integrarse de pleno derecho en la Federación Rusa, o regresar a la Constitución de 1992, y convertirse en una República Autónoma, pero que continuaría formando parte de Ucrania. Además, y con objeto de que dicho referéndum tuviese validez internacional, Sergey Aksyonov, en su papel como Primer Ministro de Crimea, invitó a supervisar el plebiscito a la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que se negó en rotundo a participar en un acto que consideraba ilegal, y a un grupo de 70 observadores internacionales de 23 países, en su mayoría políticos nacionalistas de la extrema derecha europea, como el eurodiputado húngaro Béla Kovács, miembros del Partido Comunista, como el eurodiputado griego Charalambos Angourakis (1951-2014), o activistas de corte independentista, como el catalán Enrique Ravello. Finalmente, tras su celebración, el referéndum, que obtuvo una participación del 83,1%, arrojó el resultado de que el 96,77% de los votantes de Crimea (1.233.002 de personas), y el 95,6% de los votantes de Sebastopol (262.041), habían votado a favor de la integración en la Federación Rusa.
Tras estos resultados, el 18 de marzo de 2014, los representantes de la República de Crimea se reunieron con el presidente Vladimir Putin, en el Kremlin, para firmar el tratado de adhesión a la Federación Rusa. Tratado que fue ratificado en los días siguientes por parte del Consejo de la Federación, y de la asamblea rusa de la Duma. Tras esto, Crimea se convirtió, a todos los efectos, en un nuevo estado ruso, y las tropas ucranianas que aún permanecían acantonadas en la península se vieron obligadas a abandonarla definitivamente. Sin embargo, la anexión rusa de este territorio careció del necesario respaldado internacional, siendo solo reconocida por los miembros de la CEI, y por países simpatizantes de Rusia: Afganistán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Siria, Sri Lanka, Sudán, Venezuela, y Zimbabue. El resto de la comunidad internacional, encabezada por EE. UU. y la UE, respaldó la integridad territorial de Ucrania, y mostró su enérgico rechazo a lo que consideran como una ocupación ilegal de Crimea por parte de Rusia. Además, el 27 de marzo, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución no vinculante en la que consideraba como ilegal el referéndum realizado en Crimea, y su posterior adhesión a Rusia.
Objetivamente, el referéndum carecía de legalidad, al incumplir la Constitución de Ucrania, ya que en una consulta de este tipo debería haber participado toda la población del país, no sólo los residentes en Crimea. Además, la consulta carecía de la necesaria autorización previa por parte del gobierno ucraniano. Ante estos argumentos, las nuevas autoridades de Crimea, respaldadas por Rusia, esgrimieron el derecho a la autodeterminación de los pueblos, utilizando como argumento el precedente del caso del territorio de Kosovo, cuyo parlamento declaró unilateralmente la independencia de Serbia, el 17 de febrero de 2008. Dado que tanto EE. UU., como una parte de la Unión Europea (España, por motivos obvios, no reconoce a Kosovo), y de la comunidad internacional, reconocieron la independencia de los albanokosovares, saltándose la legalidad vigente, su rechazo a que en Crimea pudiese acontecer una situación idéntica, resulta cuanto menos hipócrita. Del mismo modo que es hipócrita la decisión de Rusia de apoyar la independencia de Crimea cuando se opuso a la de Kosovo. No pueden existir unas reglas para unos territorios, y otras para otros, dependiendo del grado de amistad que mantengan con las grandes potencias, pues eso genera el descrédito del derecho internacional, y de las instituciones encargadas de salvaguardarlo, como la ONU.
Por su parte, para Ucrania la pérdida de Crimea había supuesto un duro golpe, ya que perdía un territorio de suma importancia estratégica, y económica. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ucranianas a este hecho fue muy limitada: notas oficiales de protesta, llamamiento al boicot contra los productos rusos, bloqueo del Canal del Norte; que suministra la mayor parte del agua potable a la península de Crimea, restricciones a la emisión en Ucrania de canales de noticias rusos, y poco más. Ucrania consideraba Crimea un territorio ocupado, pero, carecía de fuerza para recuperarlo. Además de esto, la rusofobia en el oeste de Ucrania se exacerbó, suscitando declaraciones muy subidas de tono, como las de Julia Timoshenko, que en una grabación, filtrada a la prensa, de una conversación telefónica, no dudó en afirmar que no dejaría “ni tierra quemada en el lugar donde está Rusia”, e incitó a “tomar las armas ya para cargarse a todos los katsap (nombre despectivo con el que los ucranianos se refieren a los rusos) y a su líder”. Por otro lado, el insulto “Putin khuylo!” (en español sería algo así como Putin Cabezapolla), que era habitualmente utilizado por los hinchas del Fútbol Club Metalist de Járkov, y del Shakhtar Donetsk, se convirtió en una especie de slogan nacional entre los ucranianos que rechazaban las acciones hostiles de Rusia, incluyendo a varios políticos. Los ánimos estaban encendidos entre la población de Ucrania, pero la guerra no se desataría por causa de Crimea, sino que estallaría en este del país, en el territorio conocido como Donbás, o Donbass (La cuenca del río Donets).
3 – La crisis en el Donbás.
Al igual que en Crimea, y en otras partes del este de Ucrania, como Odesa, Járkov, o Mariupol, miles de ciudadanos “pro-rusos” de los oblast (provincias) de Donetsk, y de Lugansk, que conforman la región histórica del Donbás, se opusieron al nuevo gobierno ucraniano, y, a comienzos de marzo de 2014, desarrollaron una serie de protestas contra el mismo, exigiendo una mayor autonomía. Además, los manifestantes pro-rusos exigieron al gobierno central que se mantuviese la oficialidad del idioma ruso, que cesara la persecución contra los miembros de la unidad de policía Berkut, que se desarmase a los grupos de autodefensa que habían participado en la Revolución de la Plaza Maidán, y que se declarasen ilegales a las organizaciones políticas ultranacionalistas y de extrema derecha, como Svoboda, y Sector Derecho.
En el contexto de estas protestas, el 1 de marzo, un grupo de unos 10.000 manifestantes ocupó el edificio de la Administración Regional del Estado en Donetsk y proclamó a su líder, Pável Gubárev, como nuevo gobernador de la región, exigiendo además la celebración de un referéndum para determinar el estatus político de Donetsk. Ante esta situación, las autoridades ucranianas procedieron a reforzar la seguridad de sus fronteras con Rusia y Moldavia, y a sofocar las protestas en el este del país. El 5 de marzo, agentes del grupo Alpha, del SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania) detuvieron a Pável Gubárev, y a otros 70 manifestantes, y desalojaron los edificios públicos ocupados durante las protestas. Sin embargo, las protestas de los pro-rusos no cesaron y se fueron radicalizando con el paso de los días. El 13 de marzo, se produjo un choque violento, en Donetsk, entre manifestantes pro-gubernamentales y pro-rusos que se saldó con un muerto (progubernamental) y 15 heridos. Dos días después, el 15 de marzo, un grupo de ultranacionalistas ucranianos, pertenecientes a la organización neo-nazi: Patriotas de Ucrania, abrieron fuego contra una manifestación de pro-rusos, y, posteriormente, se enfrentaron a la policía para evitar ser arrestados, provocando la muerte de dos personas y causando heridas a otras seis.
Con objeto de frenar las protestas, el gobierno ucraniano incrementó la represión contra los pro-rusos, ordenando el arresto de sus principales activistas, como Alexander Kharitonov, líder de la autoproclamada República de Lugansk (tras la ocupación, el 9 de marzo, del edificio municipal de la ciudad), y de simpatizantes de los rebeldes como Mykhailo Dobkin, exgobernador de la provincia de Jarkóv, o Hennadiy Kernes, alcalde de la propia ciudad de Járkov. Esta táctica pareció funcionar, y las protestas se redujeron durante las últimas semanas de marzo. Sin embargo, sería tan solo la calma que precede a la tormenta.
El 6 de abril, miles de manifestantes pro-rusos se congregaron en las ciudades de Donetsk, Lugansk, Járkov, Odesa, y Nikoláyev (Mikolayiv), para reanudar sus protestas contra el gobierno ucraniano. Al día siguiente, 7 de abril, un millar de manifestantes ocupó de nuevo la sede de la Administración Regional del Estado, en Donetsk, y proclamó la independencia de Ucrania, y la creación de la República Popular de Donetsk. A continuación, el 8 de abril, otro grupo de manifestantes pro-rusos ocupó la sede regional del SBU, en Lugansk, apoderándose de más de 300 armas almacenadas allí, y tomando 60 rehenes, con objeto de negociar la liberación de su líder: Alexander Kharitonov. Ante este rápido deterioro de la situación, el primer ministro en funciones, Arseni Yatseniuk, acusó directamente a Rusia de instigar las protestas, con la intención de provocar nuevas secesiones de regiones, y acabar desmembrando a Ucrania. Además, y en respuesta a las protestas, Yatseniuk decidió reforzar la seguridad en la región, aunque, al mismo tiempo, instó a sus fuerzas del orden a no caer en provocaciones que diesen lugar a enfrentamientos violentos, y, además ofreció una amplia amnistía para todos los que regresasen a la legalidad.
Estas declaraciones del gobierno interino de Ucrania estaban destinadas principalmente a recabar el apoyo internacional, pero, aun teniendo una parte de verdad: Rusia apoyaba a los manifestantes secesionistas, omitían también el importante papel que el revanchismo, y la rusofobia, de los propios gobernantes nacionalistas ucranianos, habían tenido en la generación del conflicto. Además, dicha actitud del gobierno ucraniano, que consideraba a los manifestantes como mercenarios, o terroristas, rusos, impedía precisamente llegar a una solución pacífica al conflicto.
El 12 de abril, un grupo de 52 insurgentes armados capturó los edificios de la policía, del SBU, y del Comité Ejecutivo, en la población de Sloviansk, al norte de Donetsk, izando en ellos la bandera rusa. El líder de este grupo insurgente, que utilizaba el alias de Igor “Strelkov” (Tirador), era en realidad Igor Girkin, un ex militar ruso que había combatido como voluntario en la Guerra de Bosnia, y en las Guerras de Chechenia, y al que el Servicio de Seguridad de Ucrania identificó como un ex coronel de las fuerzas especiales del GRU, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia. Por otro lado, el grupo de hackers rusos Shaltai Boltai, miembros de Anonymous International, filtró que Igor Girkin había sido agente del FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa) entre 1996 y 2013. Además, el grupo ruso de derechos humanos Memorial, acusó a Strelkov de haber participado en varias operaciones especiales, que el 45º Regimiento Spetsnaz (Propósito Especial) de la Guardia realizó en Chechenia, y en las que se produjeron “desapariciones forzadas” de civiles. Sea cual fuera su verdadero historial, el caso es que Strelkov fue una figura clave en la articulación de una insurgencia armada en el Donbás. Buena muestra de ello era que el grupo que comandaba había sido creado en Crimea y estaba conformado por voluntarios, de diferente procedencia, pero con una característica común: todos tenían una amplia experiencia militar previa, y algunos de ellos incluso habían combatido en Chechenia, o en Irak (como parte del contingente ucraniano).
Además de la captura de Sloviansk, otros grupos de insurgentes armados protagonizaron incidentes violentos, ocupando varios edificios públicos en las localidades de Artemivsk, Jartsyzsk (Khartsyzk), Sviatohirsk, Yenákiyeve (Yenakiieve), y Druzhkivka y, además, atacando las sedes de la policía en Horlivka, y en Kramatorsk. Al día siguiente, 13 de abril, un grupo de reconocimiento del SBU trató de recuperar el control sobre Sloviansk, pero los veteranos de Igor Strelkov los obligaron a retirarse tras un intenso tiroteo, en el que falleció el capitán Gennady Bilichenko, y otros cinco miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos.
Ante esta proliferación de grupos de insurgentes armados, y el grave incremento de la violencia, el presidente de Ucrania, Oleksandr Turchínov decidió iniciar, el 15 de abril, una operación anti-terrorista, contra los separatistas pro-rusos, con la intención de restaurar el orden en la región. Esta decisión, de enviar a las Fuerzas Armadas a resolver un problema que, en principio, era de orden público, pudo deberse a la desconfianza del gobierno en la capacidad de las fuerzas de policía para contener la creciente insurgencia, y al temor a que la supuesta afinidad de algunos de sus miembros hacia los pro-rusos, provocase nuevas defecciones, como había ocurrido con los miembros del Berkut en Crimea.
Sin embargo, el destacamento militar encargado de restablecer el orden en el Donbás, y que estaba compuesto por efectivos de la 25ª Brigada Aerotransportada, y por miembros de la Guardia Nacional de Ucrania, fracasó estrepitosamente en sus intentos por recuperar el control de Sloviansk. Además de esto, el 16 de abril, Igor Strelkov se hizo con el control de seis blindados BMD-2, que sus atemorizados tripulantes habían cedido a un grupo de insurgentes pro-rusos, en un puesto de control de Kramatorsk. Unos hechos deshonrosos que propiciaron la inmediata disolución, el 17 de abril, de la 25ª Brigada Aerotransportada, por orden del presidente Turchynov. Pese a todo, las Fuerzas Armadas Ucranianas obtuvieron algunos éxitos, como la defensa de la base de Mariupol frente al ataque de unos 300 insurgentes, que fueron rechazados tras infringirles 13 bajas mortales.
Con objeto de mermar la creciente capacidad operativa del ejército ucraniano en la región, el 25 de abril, un grupo de insurgentes atacó el aeropuerto de Kramatorsk, dañando su torre de control, y destruyendo un helicóptero militar Mi-8 y un avión An-2. Poco después, el 27 de abril, los insurgentes de la región de Lugansk, que además de la capital provincial, controlaban las importantes ciudades de Alchevsk, Stanitsia Luganska, Sverdlovsk, y Krasnyi Luch, proclamaron la República Popular de Lugansk, y programaron un referéndum sobre su autodeterminación que se celebraría, al igual que en la vecina República de Donetsk, el 11 de mayo de 2014. Precisamente mayo será el mes en el que, lo que había sido un conflicto local, completaría su escalada hacia una auténtica guerra.
El 2 de mayo de 2014, un grupo de 1.500 manifestantes nacionalistas decidieron realizar una marcha patriótica por las calles de la ciudad de Odesa. Esta marcha, en la que participaban aficionados ultras del Club de Fútbol Chernomorets Odessa, y miembros del movimiento Sector Derecho, provocó una airada respuesta entre los simpatizantes pro-rusos de la ciudad, que salieron a las calles para enfrentarse a los nacionalistas ucranianos. El enfrentamiento callejero acabó escalando en una autentica batalla campal que se saldó con 4 muertos y 37 heridos. Finalmente, los activistas pro-rusos, inferiores en número, se vieron obligados a refugiarse en la Casa de los Sindicatos de la ciudad. Ante esto, los manifestantes nacionalistas rodearon el edificio y comenzaron a lanzar cócteles Molotov a su interior, provocando un grave incendio que acabó con la vida de 46 personas, y provocó heridas a otras 174. De estos heridos, 25 estaban en estado crítico, y varios de ellos fallecieron posteriormente.
Este desolador acontecimiento, provocado por la violencia de los ultras, y por una negligente actuación de la policía, que no fue capaz de separar a los manifestantes, ni de proteger el edificio de los sindicatos, provocó una importante movilización de la opinión pública, tanto en el este de Ucrania, como en Rusia, y otros países eslavos, contra el gobierno ucraniano, al que acusaron de tolerar un pogromo (linchamiento multitudinario) contra la población de etnia rusa. El gobierno ucraniano, por su parte, reaccionó de forma lamentable ante este acontecimiento; en un principio ofreció diversas explicaciones contradictorias sobre el mismo, hasta que, al final, optó por la versión que más le convenía: culpar a Rusia de lo ocurrido, atribuyendo los incidentes a un supuesto plan de desestabilización orquestado por el FSB ruso. A esto, se sumó que las autoridades ucranianas, encargadas de esclarecer el caso, solo realizaron arrestos entre activistas pro-rusos, pese a que existían numerosos testimonios de testigos presenciales, y grabaciones de video, que señalaban a los causantes con nombres y apellidos. La negativa de los jueces a actuar contra los nacionalistas implicados en el suceso acabó provocando que el caso se cerrase, en 2017, sin haber sido esclarecido.
La “masacre” de Odesa acabó provocando un punto sin retorno en las relaciones entre ambos bandos, y dio lugar a que aumentase el número de insurgentes en el este de Ucrania, que, además, se vieron reforzados por voluntarios internacionales, principalmente rusos, serbios, abjasios, y chechenos (Batallón Vostok), aunque también ciudadanos de la UE, como los 27 españoles que se unieron, en 2014, a las “Brigadas Internacionales” de las milicias pro-rusas, para “combatir el fascismo”.
Tras estos acontecimientos, el 11 de mayo se produjo el esperado referéndum sobre el status de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que ofreció un resultado abrumador favor de la independencia y el autogobierno: 89.07% en Donetsk, y 96.2% en Lugansk. Una vez confirmado el respaldo de la mayoría de la población hacia la secesión, el presidente de la República de Donetsk, Pavel Gubarev (liberado el 7 de mayo, tras un intercambio de prisioneros con las autoridades ucranianas), y su homólogo en Lugansk, Valery Bolotov (1970-2017), conminaron a las fuerzas de seguridad de Ucrania a abandonar su territorio bajo amenaza de, en caso contrario, recurrir a la violencia. Con esto, el conflicto con el gobierno ucraniano se oficializaba, y, a partir de finales de mayo, los combates entre ambos bandos se recrudecieron, dando lugar a una guerra abierta que perdura, en modo latente, hasta nuestros días, y que analizaré en mi próximo artículo: La Guerra en el Donbás, 2014-2022.
4 – Consecuencias de la Guerra en el Donbás.
Paradójicamente, el triunfo de la Revolución de la Plaza Maidán, y la firma del ansiado Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, ratificado finalmente el 21 de marzo de 2014, ha generado unas consecuencias realmente nefastas para Ucrania. La llegada al gobierno de los ultranacionalistas ucranianos provocó el rechazo mayoritario de la población de etnia rusa en el sureste del país, que temía verse marginada y excluida. Una circunstancia que fue aprovechada por Rusia para anexionarse Crimea, y para influir en las rebeliones surgidas en la región del Donbás, propiciando que lo que, en principio, era un conflicto político local, se convirtiese en una auténtica guerra civil, que, hasta ahora, se ha saldado con miles de muertos, heridos, y desplazados, y que ha provocado la pérdida de más de 120.000 millones de dólares a causa de los daños materiales sufridos en el este del país.
Ante la intervención rusa en Ucrania, los principales países de Occidente reaccionaron con la imposición de sanciones económicas a Rusia por la ocupación de Crimea. Además, desde 2014, EE. UU. ha proporcionado una ayuda económica a Ucrania de más de mil millones de dólares, complementada con un importante suministro de armas, y el envío de asesores militares para instruir a lo soldados ucranianos, y, con todo ello, mejorar la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Mas constructiva fue la actuación, frente a la crisis ucraniana, de las dos principales potencias de la eurozona; Francia y Alemania, que auspiciaron la firma, el 12 de febrero de 2015, de los Acuerdos de Minsk, entre Ucrania, Rusia, y los representantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Dichos acuerdos, que pretendían ofrecer una solución definitiva al conflicto separatista en el este de Ucrania, permitieron el establecimiento, inmediato, de un alto el fuego en el Donbás, que, aunque fue violado en múltiples ocasiones, por lo menos puso fin a la guerra como tal. Por desgracia, el resto de medidas acordadas para poner fin al conflicto: restablecimiento del control de las autoridades ucranianas sobre la frontera con Rusia, amnistía para los rebeldes pro-rusos, y cambios constitucionales que permitiesen la autonomía de las provincias de Donetsk y Lugansk, como parte de Ucrania, no fueron implementadas por ninguna de las partes.
Otra funesta consecuencia del conflicto fue el grave deterioro que sufrió, entre 2014 y 2016, la economía de Ucrania. Un deterioro que se tradujo en una contracción del crecimiento económico, una fuerte inflación, y una reducción del PIB, que afectó mucho a la calidad de vida de los ucranianos, y ante el que el gobierno del presidente Petro Poroshenko no supo reaccionar adecuadamente. El famoso empresario, apodado “el rey del chocolate”, había sido el vencedor de las elecciones del 25 de mayo de 2014, gracias sobre todo a su destacado activismo político durante el Euromaidán. Sin embargo, su gobierno, entre 2014-2019, sólo se caracterizó por su elevada corrupción, y por sus medidas populistas: como la eliminación de los monumentos soviéticos, la lucha contra importantes oligarcas, como el multimillonario Ihor Kolomoisky, y por la imposición del idioma ucraniano en las escuelas (ley de 2017). El actual gobierno, liderado por Volodímir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), prometió restablecer el equilibrio en el país, y cerrar las heridas aún abiertas entre su población, pero acabo sometiéndose a las presiones de los nacionalistas y ha continuado la represión del idioma ruso.
5 – Tambores de Guerra a comienzos de 2022.
La llegada de Joe Biden, a la presidencia de EE. UU., el 20 de enero de 2021, supuso el comienzo de una nueva fase diplomática para el país, en la que pasó a primer plano la defensa de los valores democráticos, y la oposición política, económica, y estratégica, a la creciente influencia mundial de Rusia y, sobre todo, de China. En este contexto, una de las prioridades de Biden ha sido, y aún es, reducir la dependencia energética, que tienen sus aliados europeos, de las importaciones de gas natural, y de petróleo ruso. Por ello, una de las principales batallas diplomáticas de Biden ha sido tratar de impedir la apertura del gaseoducto Nord Stream 2, que permite el tránsito de gas natural, por el mar Báltico, desde Rusia hasta su principal cliente: Alemania. La apertura de dicho gaseoducto reduciría la importancia de las exportaciones de gas ruso a través de Ucrania, una circunstancia que Rusia podría aprovechar para incrementar su presión política sobre el gobierno ucraniano, y sobre sus socios europeos.
Por otro lado, las intenciones de Biden puede estén basadas en consideraciones de seguridad geoestratégica, pero no son altruistas, ya que pretende compensar la reducción de la importación de gas natural ruso a Europa, con un incremento del suministro de gas natural licuado, procedente principalmente de EE. UU., y de sus socios comerciales: Australia, Qatar, y Azerbaiyán. Sin embargo, el gas estadounidense es un 40% más caro que el gas ruso al extraerse mediante la costosa técnica del fracking, y por tanto, solo es competitivo en un contexto de precios altos para esta materia prima. Además, hay que destacar que la familia Biden ha tenido importantes intereses económicos en Ucrania. Su propio hijo, Hunter Biden, se ha lucrado cuantiosamente, tras ejercer un cargo, entre 2014 y 2019, en la junta directiva Burisma Holdings: una de las mayores empresas ucranianas dedicadas a la producción de gas natural, y que arrastra una larga sombra de acusaciones de lavado de dinero y corrupción. Esto podría explicar, en parte, la contundencia de Biden en su oposición a la apertura Nord Stream 2, pese al perjuicio que esta decisión causaría en Alemania, que vería reducida .
En paralelo a este contexto de guerra comercial por el suministro de gas, los militares de Ucrania, deslumbrados por el fulgurante éxito de los drones de ataque turcos, empleados por Azerbaiyán en su conflicto con Armenia (por el control de la región de Nagorno Karabaj), decidieron realizar una importante adquisición, a Turquía e Israel, de dichos aviones no tripulados. Obviamente, la intención detrás de esta compra de drones era obtener un arma que pudiera ser decisiva en una posible resolución militar, de cara al futuro, del conflicto separatista en el Donbás. Por ello, y con objeto de probar dichas armas, el 26 de octubre de 2021, un dron Bayraktar TB2 ucraniano realizó un ataque contra una posición de artillería de los pro-rusos, destruyendo un viejo obús de 122 mm D-30, y matando a su dotación.
A esta decisión, de adquirir armamento avanzado, para obtener superioridad militar frente a los secesionistas del Donbás, se sumó una creciente colaboración del Ejército Ucraniano con varios países de la OTAN, para la realización de ejercicios militares (Rapid Trident, Cossack Mace, Silver Saber, ect) en los que se desarrollan maniobras conjuntas, en escenarios ficticios, con objeto de mejorar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas ucranianas en tareas de defensa de su territorio, y, además, sus capacidades en misiones ofensivas, incluyendo la de restaurar por la fuerza la integridad territorial del estado. Todo ello, generó una honda preocupación en Rusia, que, por su parte, decidió responder con la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, con la excusa de realizar ejercicios militares conjuntamente con su principal aliado; Bielorrusia (como ya ocurrió en ocasiones anteriores, como en los ejercicios Zapad 2021), pero, con el objetivo real de disuadir a las tropas ucranianas de reemprender las operaciones militares en el Donbás.
Dicho incremento de tropas rusas en la frontera con Ucrania, y en el territorio de Bielorrusia, se produjo desde finales de 2021 hasta mediados de febrero de 2022, y fue interpretado por la administración Biden como una inminente amenaza de invasión rusa contra Ucrania, con el riesgo añadido de que una escalada del conflicto podría afectar a otros países de Europa. Esta advertencia, desató una especie de histerismo, entre la prensa anglosajona, que a diario, desde comienzos de 2022, se dedicó a bombardear a la opinión pública de Occidente con múltiples noticias, y artículos de opinión, al respecto, e incluso algunos medios ofrecieron, erróneamente, la fecha exacta de la invasión rusa para el 15 de febrero, o publicaron los supuestos planes rusos de invasión.
Además, con objeto de disuadir al presidente Putin, y frenar su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, diversos políticos en Europa, y en EE. UU., amenazaron con imponer a Rusia drásticas sanciones económicas, en caso de que éste decidiese invadir Ucrania. Uno de los más prolíficos, y contundentes en sus advertencias, fue el premier británico Boris Johnson, que, salpicado por sus propios escándalos internos (party gate), quizás decidió desviar la atención de la opinión pública de su país auto erigiéndose como uno de los principales defensores de Ucrania. Sea como fuere, lo cierto es que Johnson proporcionó una ayuda sustancial a Ucrania con el envío a éste país de unos 2.000 misiles antitanque de corto alcance NLAW. Este armamento, es un buen complemento para los misiles antitanque de largo alcance FGM-148 Javelin, que EE. UU. lleva suministrando a Ucrania desde 2019. Otro de los primeros países que decidió apoyar con armas a Ucrania fue Estonia, cuya primera ministra Kaja Kallas, argumentó que: «el único lenguaje que Putin entiende es la fuerza«.
Curiosamente, pese a las serias advertencias de Biden, que no dudó en evacuar al personal de su embajada en Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un primer momento no creyó que la amenaza de una invasión rusa pudiera ser real y lo consideró una simple exageración que, además, era sumamente perjudicial para la economía, y para las inversiones financieras, en su país. Con el transcurso de las semanas, el presidente ucraniano, aparentemente ya convencido de que se avecinaba una inminente agresión contra su país, redobló sus esfuerzos para recabar el apoyo de Occidente frente a la amenaza rusa. En este sentido, cabe destacar el emotivo mensaje que Zelenski publicó en la red social Twitter: «Queremos recordarles a las grandes potencias que no existen incursiones menores ni naciones pequeñas. Al igual que no existen víctimas menores ni poco dolor por la pérdida de seres queridos«.
Por su parte, durante estas semanas (desde enero hasta mediados de febrero de 2022), Rusia negó categóricamente que tuviese intención de invadir Ucrania, aunque no dudó ni un instante en tratar de aprovechar su despliegue militar, y el pánico diplomático, y mediático, desatado en Occidente, para poner sobre la mesa viejas reivindicaciones que consideraba fundamentales para su seguridad: la prohibición de que Ucrania ingrese en la OTAN, y el freno a la continua expansión de ésta organización militar en el este de Europa. Para el presidente Putin, la posible instalación de sistemas balísticos y de avanzadas estaciones de radar, en Ucrania sería: «como un cuchillo en la garganta«, e insistió en que un país no puede reforzar su propia seguridad a costa de la seguridad de otro. Reivindicaciones, que fueron rechazadas categóricamente por los EE. UU., la UE, y por la propia OTAN, que considera como algo esencial el derecho de cualquier país a ingresar libremente en la alianza militar, si cumple con las condiciones para ello.
En este estado de cosas, una posible salida para evitar una escalada del conflicto hubiera sido el compromiso, de todas las partes, de regresar a los Acuerdos de Minsk, en los que se contemplaba la reintegración territorial de las provincias secesionistas del Donbás, a cambio de que estas mantuviesen una amplia autonomía, y del compromiso de Ucrania a respetar a sus minorías. Sin embargo, dichos acuerdos no llegaron a implementarse principalmente por una cuestión: Kiev se negaba a cambiar su Constitución para dar cabida a los dos territorios autónomos, ya que temía que éstos pudieran ejercer un futuro veto sobre las decisiones clave que pretende afrontar el país, como la entrada en la OTAN, y en la UE.
El 16 de febrero de 2022, el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, anunció que aunque la OTAN, y EE. UU., no habían accedido a sus demandas: no ampliar la alianza defensiva hacia el este, no desplegar sistemas de armamento ofensivo cerca de las fronteras de Rusia, y volver a la configuración de fuerzas de 1997, las conversaciones sobre otros asuntos en materia de seguridad conjunta aún estaban abiertas. A estas manifestaciones, favorables al diálogo con Occidente, se sumó el anuncio, por parte de Rusia, de iniciar una desescalada del conflicto, retirando a algunas de las tropas desplegadas cerca de la frontera ucraniana y en Crimea, una vez finalizados sus ejercicios militares. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que dicha retirada era insuficiente, dado el nivel de efectivos rusos desplegados (más de 150.000). Por otro lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró optimista, ante la supuesta desescalada del conflicto y afirmó que el presidente ucraniano estaba preparando una propuesta sobre el estatus especial del Donbás y para realizar los posibles cambios constitucionales que conllevaba la implementación de los Acuerdos de Minsk.
Por desgracia, en pocos días las esperanzas de una desescalada del conflicto se frustraron complematemente. El 17 de febrero, comenzó un importante intercambio de disparos de artillería, entre las milicias del Donbás y el ejército ucraniano, en las inmediaciones de Stanytsia Luganska, una ciudad de la región de Lugansk controlada por el gobierno de Kiev, y que acabó extendiéndose por toda la línea del frente. A partir de entonces, las violaciones al alto el fuego entre ambos bandos se multiplicaron, y los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk, y de Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pasechnik, realizaron un llamamiento a la movilización general en sus territorios, y comenzaron a evacuar a la población civil hacia Rusia, temiendo una inminente ofensiva del ejército ucraniano, que tiene desplegados a más de 120.000 hombres en la zona.
Esta ruptura del alto el fuego, fue relativamente inesperada, ya que el presidente Zelenski había instado a sus militares a no responder a las provocaciones de las fuerzas secesionistas. Sin embargo, o el presidente ucraniano mentía, o sus militares tenían otras opiniones al respecto, ya que, según la OSCE, la gran mayoría de los proyectiles de artillería disparados procedían de las líneas ucranianas, y afectaron a importantes infraestructuras del Donbás, como las instalaciones de suministro de agua. Puede ser que Zelenski, o sus militares, interpretasen el comienzo de la desescalada rusa como una muestra de debilidad del gobierno de Putin, temeroso de sufrir sanciones internacionales, y que pensasen en aprovechar el contexto internacional favorable para realizar una operación de castigo contra los secesionistas, o que creyesen que una escalada puede facilitar, a medio plazo, el camino para que Ucrania se una a la OTAN. Sea como fuere, lo cierto es que no calcularon bien la posible respuesta rusa a un incremento de la tensión en el Donbás.
A estos hechos se sumó, pocos días después, el anuncio de las Fuerzas Armadas Rusas, de que tropas del FSB habían interceptado, en territorio ruso, a un grupo de sabotaje ucraniano, abatiendo a cinco de sus miembros, capturando a otro, y destruyendo dos blindados que habían cruzado la frontera para extraerlos. Una información que tanto Ucrania, como Occidente, tildaron de ser absolutamente falsa y que achacaron a una campaña de desinformación utilizada por Rusia para manipular a su opinión pública de cara a una escalada del conflicto con Ucrania.
Mientras tanto, y ante éste rápido deterioro de la situación, el 19 de febrero, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente Zelenski reprochó a Occidente su postura de apaciguamiento frente a Rusia, y solicitó un calendario claro, y pasos concretos, para el ingreso de Ucrania en la OTAN y en la UE. Por otro lado, Rusia culpó al gobierno ucraniano de sabotear los Acuerdos de Minsk, y de querer «provocar un nuevo baño de sangre» en el Donbás. Además, acusó a Ucrania de realizar un «genocidio» contra la población pro-rusa del este del país, relevando la existencia de fosas comunes en Donetsk y Lugansk, en las que, supuestamente, habrían sido enterrados 295 civiles de ambas regiones asesinados por el ejército, o por paramilitares ucranianos, en 2014. Sin embargo, a falta de más pruebas, y de una verificación internacional, no se pueden tomar por ciertas estas acusaciones, ya que las fosas podrían haber sido empleadas por los propios secesionistas para enterrar a sus fallecidos durante la guerra, o a víctimas colaterales, sin que esto implique la existencia de un «genocidio» intencionado contra la población de etnia rusa.
En este contexto de creciente tensión, el 21 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció, en un mensaje a la nación, su decisión de ratificar la solicitud del parlamento de la Duma, y reconocer, de forma inmediata, la independencia y soberanía de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Unas horas después, Putin decidió también autorizar el envío de tropas rusas a ambas regiones para realizar operaciones encaminadas al mantenimiento de la paz. Con esta decisión, Putin perdía su mejor baza diplomática, ya que violaba flagrantemente los Acuerdos de Minsk, y optaba por una política de hechos consumados que acarreó para Rusia la imposición de duras sanciones económicas por parte de Occidente, siendo la primera de ellas, y para satisfacción de Biden, la suspensión, por parte del gobierno alemán, de la certificación del gasoducto Nord Stream 2.
Con la evolución del conflicto de Ucrania hacia una guerra abierta, se puede decir que el aviso realizado por Biden se estaba cumpliendo fielmente. Aunque, es una verdaderamente una pena que sus avisos sean similares a los de la mítica Cassandra, la sacerdotisa de Troya que predecía el futuro, pero no podía hacer nada para cambiarlo, pues nadie la creía. Irónicamente, lo único que realmente hubiera disuadido a Putin de realizar una campaña militar en Ucrania habría sido el despliegue en Ucrania de tropas estadounidenses, o de la OTAN, con objeto de fortalecer su defensa. Sin embargo, el propio Biden perdió su mejor baza cuando afirmó que ningún soldado estadounidense combatiría en Ucrania.
Finalmente, el 24 de febrero de 2022, las tropas de la Federación Rusa han comenzado su ataque contra Ucrania. En un mensaje televisivo, probablemente grabado previamente, el presidente Putin ha anunciado a la población rusa el inicio de una operación militar especial en Ucrania con objeto de «desmilitarizar y desnazificar Ucrania». Además ha indicado que sus fuerzas armadas no pretenden ocupar el país, y ha amenazado con que «cualquiera que considere interferir desde el exterior sufrirá graves consecuencias». Por desgracia, la guerra es un hecho, y el fracaso de la diplomacia va a ocasionar un injusto sufrimiento al pueblo ucraniano. Todavía es pronto para valorar las posibles consecuencias del conflicto, y, en todo caso, ya será en un artículo específico sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pero esperemos que sea breve y que se pueda encontrar una salida rápida, y pacífica, al mismo.
Imágenes: imágenes de licencia libre obtenida de Wikimedia Commons.
Fuentes y Bibliografía:
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© 2022 – Autor: Marco Antonio Martín García
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